"La lucha es la ley de la vida de La Causa R" Alfredo Maneiro. 1982
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Editorial – Poderes públicos secuestrados: El pueblo pasará factura

En opinión de La Causa R  -a propósito de la renovación de los poderes públicos-  se ha desperdiciado una gran oportunidad de promover un debate sobre el funcionamiento eficaz de la institucionalidad del país.

Lamentablemente, el sector oficialista, una vez más, rehuye  el debate y se concentra exclusivamente en manipular para hacerse del control de todas las instituciones.

Repetidamente se afirma que, entre otros pilares, la democracia debe contar con un Poder Judicial eficaz, con jueces probos que impartan justicia imparcial y libremente.

Haciendo un poco de historia, recordamos que una de las primeras medidas del Presidente Chávez, al inicio de su mandato, fue designar una comisión presidencial encabezada por el Dr. Manuel Quijada,  que generó muchas expectativas. Ese intento fracasó. Y pasados 16 años de este régimen, las cosas en el Poder Judicial han empeorado. Los vicios del pasado que tanto criticamos se reprodujeron en estos tiempos de manera alarmante.  Tal vez no haya un anhelo mayor del pueblo que el contar con un Poder Judicial digno, honesto y eficiente.

Un ligero balance del desempeño de nuestros poderes públicos los deja muy mal parados.  Veamos: el artículo 254 de la Constitución  consagra la autonomía del Poder Judicial. Pero la realidad es otra. El  Tribunal Supremo De Justicia, el Poder Ciudadano y el CNE, están bajo secuestro. Los diputados gobierneros del PSUV, no quieren funcionarios que aseguren idoneidad y excelencia, quieren a fichas del partido  que les garanticen el control de todos los poderes de la República. El Supremo Tribunal acomoda interpretaciones de la Constitución a la medida de lo que el gobierno solicite. Hemos visto  a Magistrados del TSJ, coreando consignas políticas del gobierno. Somos testigos de como han crecido las tribus, clanes y grupos de presión sobre el sistema judicial venezolano. Somos respetuosos de los magistrados y jueces honestos, que los hay, pero lamentablemente existen clanes corruptos dentro del sistema de justicia que no podrían jamás justificar el patrimonio que detentan.

Es el Tribunal Supremo el responsable de la selección y nombramiento de los jueces de todo el país, mediante concursos públicos de oposición. Pero la realidad muestra que el 80% de los jueces están en condición provisoria, lo que les impone una situación  de rehenes de magistrados que los mantienen sin titularidad a expensas de instrucciones y órdenes de carácter político que de hecho los convierte en sicarios judiciales.

El gobierno quiere un Ministerio Público convertido en perro de presa para perseguir a la disidencia política mientras el crimen y la corrupción campean impunemente en todos los rincones de la nación.  Quieren un CNE que siga haciéndose el loco frente al descarado ventajismo del gobierno en cada proceso,  mediante la utilización  de recursos públicos en campañas electorales.

Por todas estas razones era imposible que los diputados de la Unidad Democrática, se comprometieran a votar con el gobierno por personajes repetidos al frente del Poder Ciudadano, CNE y los contrabandos que metieron en el listado del TSJ.

Se trataba entonces, no sólo de unos nombres, sino también del mediocre desempeño que han tenido estas instituciones en manos de activistas del partido de gobierno, que se han prestado para transgredir la letra y el espíritu de nuestra Constitución.  Por eso los diputados de la Causa R  y demás miembros de la bancada unitaria estábamos claros que no podíamos votar.

Pero este asalto a la Constitución a las claras demuestra que el PSUV, se prepara o trata de blindarse frente a la segura derrota que el pueblo venezolano les va a propinar este año 2015.  Este nuevo abuso de poder lo pagarán caro. La soberanía no reside ni en el TSJ, ni en la Fiscalía, ni en el CNE. La soberanía reside en el pueblo. En ese pueblo que hoy afirma en más del 80% que no quiere a este gobierno. Que quiere cambio. Y en este proceso electoral para elegir la nueva Asamblea Nacional, estamos seguros de contar con una abrumadora mayoría que nos permita devolverle el rol que la Constitución le establece a la Asamblea.  Desde allí podremos hacer justicia y dentro de esas medidas  estará la consulta  al soberano sobre  la necesidad de relegitimar a todos los poderes públicos del país.  El pueblo está descontento y va a facturarles este atropello.