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Militares, relaciones laborales y producción en Sidor / Por: Tello Benitez

La Constitución de 1999 mejora en su artículo 300 lo que establecía el artículo 97 de la constitución de 1961 con relación a las empresas básicas cuando dice que “La ley nacional establecerá condiciones para la creación de entidades descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”.

Como vemos, el artículo 300 constitucional habla de “la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”, lo que se corresponde perfectamente con el principio de productividad contenido en el artículo fundamental del régimen socioeconómico de la República, es decir, el artículo 299.

Resultaría absolutamente irracional que algún país en el mundo se proponga como política tener empresas improductivas, no sustentables ni competitivas, que no produzcan ni siquiera para pagar la nómina y mucho menos que sean gerenciadas de la manera tan grotesca e irresponsable como se hace con las empresas básicas de Guayana.

Y digo que ningún país, porque, incluso en el nuestro, Venezuela, el artículo 299 de su constitución establece”…El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.

Es bueno tener claro que los recursos que se administran son patrimonio público, que existen normas que establecen responsabilidades con relación a su mal manejo, y que constitucionalmente los delitos contra el patrimonio público son imprescriptibles.

Pero, el caso que nos ocupa es el de la emblemática Siderúrgica del Orinoco, empresa que en el 2007, estando en manos privadas, producía 4.307.082 toneladas de acero, que había aumentado su productividad laboral en 186% entre 1997 y 2007; pero que el año 2008 en medio de un conflicto laboral que parecía no tener solución inmediata aunque aún no se habían agotado los procedimientos establecidos por la legislación laboral, es asumida por el Estado, produciendo ese año 2008, 3.577.820 toneladas.

Ahora vemos en declaraciones del Presidente de Sidor, General Tomás Schwab Romaniuk, ofrecidas al momento de solicitar una investigación ante la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Ordaz el lunes 15 de diciembre de 2014 sobre los últimos conflictos laborales sucedidos en la empresa, en compañía de los generales Justo Noguera Pietri, Presidente de la CVG y Jesús Zambrano Mata, Presidente de CVG Ferrominera Orinoco, en las cuales dice que “según las cifras que maneja, diciembre cerrará con un aproximado de 330 mil toneladas de acero líquido y con esto podrían finalizar el año con un millón de toneladas”, es decir, de 4.3 millones de toneladas que producía Sidor en 2007 pasaría a producir, según su actual Presidente, un millón de toneladas al finalizar el 2014

Pero en ese trajinar del 2008 al 2014, Sidor ha pasado de aproximadamente 5.500 trabajadores a 15.600 (julio 2014) trabajadores, las denuncias de falta de materia prima, inversiones, actualización tecnológica, repuestos, equipos de protección personal para los trabajadores, capacitación, son constantes.

A lo anterior se suma el deterioro de las condiciones de trabajo, los periódicos conflictos laborales, la anarquía gerencial y sindical, la alta rotación de Presidentes de la empresa, etc.

Los denunciantes ante la fiscalía dicen que “El rechazo a cada una de estas acciones es por las pérdidas patrimoniales que ocurrieron a consecuencia de los actos denunciados”, lo que nos lleva a concluir que hace falta una exhaustiva investigación de toda la afectación patrimonial que ha tenido la Siderúrgica del Orinoco desde el año 2008.

Ahora, en relación a la investigación fiscal solicitada creo que evidencia el errado enfoque de las políticas laborales de la empresa, ya que se hace evidente que se pretende seguir viendo la soluciones a los problemas laborales desde la óptica del derecho penal, tal como ocurre actualmente en Cuba, lo que se hace más visible si prestamos atención a lo que dice el ex –funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Dr. Efrén Córdova, por cierto de origen cubano, cuando afirma en su artículo El derecho del trabajo y la Constitución de Cuba: “…No sé lo que en esas condiciones ocurre en los otros países socialistas cuando los trabajadores acuden a la cesación colectiva del trabajo, pero sí puedo decir que en Cuba se aplica el código penal, es decir, la huelga se transfiere del derecho laboral al criminal. Las figuras delictivas que con más frecuencia se han invocado son el delito de sedición y el de actos contra la economía nacional. Las sanciones son drásticas y las penas aún más severas cuando la protesta se combina con el sabotaje, objeto de represión por el código penal y varias leyes especiales”.

Esperemos que estás políticas en la isla de Martí cambien con la apertura en marcha, y que en el caso venezolano, los fiscales estudien los convenios internacionales ratificados por el país en materia de derechos humanos, particularmente el Convenio 87 sobre la libertad sindical, a fin de que la raya histórica de Venezuela en el escenario laboral internacional no siga creciendo con la cantidad de quejas que desde 1999 se han interpuesto contra nuestro país ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que en 15 años constituyen el 46 % de las interpuestas contra la República en 48 años.

Tello Benitez*

*Abogado, Docente Ucab- Guayana, ex –parlamentario de la Comisión de Defensa